Desde luego sería demagógico decir que a esta señora le hacen cisco el escaparate como consecuencia de la huelga. Pero asimismo sería irresponsable desvincular de las consecuencias de la huelga lo que a esta mujer le ha pasado en la tienda. Y en este sentido la valoración del ejercicio de este derecho constitucional es una valoración que no puede obviar la ponderación de todos los intereses en conflicto. Es decir: que más allá de la intencionalidad de sus promotores estas manifestaciones no son inocuas y que al socaire de las mismas se producen daños que ni son fortuitos ni son por fuerza mayor.

No se trata desde luego de limitar ni mucho menos de prohibir estas manifestaciones. De lo que se trata es de que las comerciantes de Barcelona - o de cualquier otro punto de España - no tengan que sufrir un daño que no tienen el deber jurídico de soportar. Y si el daño se sufre que el mismo esté cubierto. Sea por el Estado o sea por los promotores del evento. Y que cuando paguen allá ellos se las entiendan con estos indignados, estos antisistemas o estos lo que coño sean.